El Ministerio de Seguridad de la provincia, a cargo de Alejandro Granados, resolvió en mayo reabrir los calabozos de 49 comisarías bonaerenses, entre ellas las de Lobería y San Cayetano con el objetivo de descomprimir las dependencias de Necochea. De esa manera, las celdas con las que cuenta la ciudad deberán ser reacondicionadas para volver a alojar detenidos en forma permanente. Hasta ahora, la decisión cosechó críticas y señalan que debería construirse una alcaidía en Necochea.
Desde hace dos años, por decisión del Ministro Ricardo Casal, el calabozo de la Comisaría de Lobería, que cuenta con 5 celdas, había quedado casi en desuso por una anterior resolución ministerial que señalaba que allí no podía alojarse a una persona por más de 48 horas. Hasta ahora, solo permanecían por espacio de pocas horas algunos contraventores que recuperaban la libertad a la brevedad. Próximamente, podrían comenzar a residir allí personas detenidas o con prisión preventiva.
Ante la resolución, las distintas celdas deberán ser reacondicionadas, ya que desde la dependencia policial señalan que las condiciones no son óptimas para que una persona privada de su libertad viva en el lugar.
Por otra parte, mencionan que la medida implicará restar personal en la vía pública, para asignarlo al cuidado permanente de presos que habitualmente pueden llegar a tener problemas de conducta. Indican que una falencia de la resolución es que los efectivos de calle no están formados ni han sido capacitados para estar a cargo de personas privadas de su libertad.
Más allá de las críticas deslizadas a nivel local, desde Necochea hubo quienes también mostraron su descontento con la resolución. Así lo hizo el instructor judicial Enrique Fontana, a cargo de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes, quien calificó la medida como contradictoria, ya que «por un lado se reincorporó personal policial retirado para sacar más efectivos a la calle y por el otro se vuelven a habilitar los calabozos, con lo que se requiere destinar policías a realizar funciones de guardiacárceles”.
Otros especialistas del ámbito judicial zonal, como el Defensor General Gerardo Moreno, también expresaron su descuerdo con la medida. Moreno señaló que «los calabozos de las comisarías no son lugares dignos para el alojamiento de personas y no están preparados para albergar a personas con prisión preventiva”, por eso «pedimos la construcción de una alcaidía”.
