El 30 de octubre de 1983, el radical Raúl Alfonsín se impuso en las elecciones presidenciales con el 51,75 por ciento de los votos sobre el justicialista Italo Luder, quien obtuvo el 40,16. Se cerraba así no sólo la etapa de la dictadura cívico-militar más cruenta de la historia argentina, sino el largo ciclo de golpes de Estado que comenzó en 1930 con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen.
Fue el triunfo definitivo de la institucionalidad democrática, que a pesar de las sombras y acechanzas, inauguró una etapa inédita en la política del país: la continuidad de los gobiernos elegidos por el voto popular –excepto el de Eduardo Duhalde elegido por la Asamblea Legislativa- sin las interrupciones impuestas por las dictaduras militares.
La democracia no fue un fruto caído del cielo, sino el resultado de un largo proceso de resistencia al terrorismo de Estado que adquirió variadas formas en lo político, en lo social y en la lucha por los derechos humanos que erosionaron a la dictadura hasta el ocaso definitivo que le provocó la derrota en la guerra de las Malvinas.
Alfonsín sintetizó el anhelo democrático de las mayorías y cumplió con el juzgamiento a los miembros de la Junta Militar, pero no pudo avanzar en otras tareas que forman parte de la democracia como la inclusión social y la desarticulación del modelo neoliberal implantado por la dictadura.
Fue asediado por los grandes grupos económicos y, en el límite, declaró la “economía de guerra”. Al mismo tiempo soportó las sublevaciones de los militares carapintadas que lo llevaron a imponer las leyes de obediencia debida y punto final, provocando un retroceso en materia de derechos humanos.
Los sucesivos paros generales de la CGT también demostraron que la situación de los trabajadores formaba parte de las tareas de una democracia inconclusa.
En ese proceso, un hecho oscuro y no resuelto fue el copamiento del regimiento de La Tablada por un grupo armado que respondía al Movimiento Todos por la Patria cuya justificación fue que se estaba gestando un golpe de Estado.
Sobre el final del gobierno de Alfonsín la hiperinflación, la ruptura de la cadena de pagos y los saqueos a los supermercados provocaron una crisis de tal magnitud que el entonces ministro de Economía, Juan Carlos Pugliese, apuntó a los grandes grupos empresarios con una frase antológica: “Les ofrecí el corazón y me contestaron con el bolsillo”.
La crisis obligó a Alfonsín a adelantar el traspaso del mando presidencial y el justicialista Carlos Menem, triunfante en las elecciones, se hizo cargo del Poder Ejecutivo.
Menem había prometido el “salariazo”, pero profundizó el modelo neoliberal inaugurado por la dictadura hasta límites impensados, apuntalado por los grupos económicos que habían conspirado contra Alfonsín y con la dirección estratégica de su ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien traspasó la deuda externa contraída por los grandes empresarios al Estado.
En ese camino, se privatizaron las principales empresas públicas; se crearon las AFJP que colocaron los fondos de los
aportes jubilatorios en manos empresarias; más de un millón de empleados estatales optaron por el retiro voluntario y,
Cavallo mediante, se equiparó al peso con el dólar, el 1 a 1, que generó la quiebra de miles de empresas de la industria nacional y multitudes de argentinos viajando a Miami en los tours del “deme dos”.
En derechos humanos, Menem fue más a fondo en el retroceso e indultó a los jefes de la dictadura militar con el argumento de que había que “cerrar heridas del pasado”.
Una sublevación militar liderada por Mohamed Alí Seineldín contra la conducción del Ejército a la que consideraba “liberal” provocó, al ser derrotada, que las Fuerzas Armadas dejaran definitivamente de tener injerencia en la política para replegarse a su rol profesional.
En forma paralela, el asesinato del soldado Carrasco en un regimiento del sur del país, llevó al gobierno menemista a eliminar el servicio militar obligatorio.
Ya en el segundo mandato de Menem, los síntomas de una crisis económica y el agotamiento del 1 a 1 prepararon el terreno para que la UCR y el Frepaso constituyeran la Alianza, que llevó al gobierno a Fernando de la Rúa. Menem dejaba la presidencia con un 25 por ciento de desocupación y casi el 50 por ciento de pobreza.
La gestión de De la Rúa apenas duró dos años. Mantuvo el mismo modelo económico heredado de la dictadura y del menemismo, llamó a Domingo Cavallo en su auxilio y lo nombró ministro de Economía.
Cavallo rebajó el 13 por ciento de los haberes de empleados públicos y jubilados y, ante la fuga de capitales, impuso el corralito, que dio un golpe de gracia a los pequeños ahorristas en dólares de la clase media.
El país explotó en diciembre de 2001, y el gobierno de la Alianza respondió a las movilizaciones con represión, causando la muerte de 38 personas y cientos de heridos. En las calles surgieron dos consigna centrales: “Que se vayan todos” y “Piquete y cacerola la lucha es una sola”, y por todo el país surgieron asambleas populares, que algunos analistas veían como embriones de un doble poder.
De la Rúa dejó el gobierno en un helicóptero que partió de la Casa Rosada y se generó un vacío de poder que intentó ser llenado por sucesivos presidentes interinos, que renunciaban uno tras otro. Adolfo Rodríguez Saá fue uno de ellos: declaró el default y poco después renunció tras una fracasada reunión con gobernadores en Chapadmalal.
La Asamblea Legislativa del 1 de enero de 2002 eligió a Eduardo Duhalde como presidente interino. Su gobierno abandonó el esquema del 1 a 1, tras una fuerte devaluación; comenzó a devolver en parte los ahorros atrapados en el corralito; pesificó las deudas bancarias en dólares; devolvió en bonos el 13 por ciento a empleados públicos y jubilados, y buscó frenar las movilizaciones piqueteras que reclamaban trabajo implementando una serie de subsidios.
Pero Duhalde se vio obligado a llamar a elecciones tras el asesinato de los militantes sociales Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, por parte de la policía.
Es en este marco que comienza a escribirse otra historia. Un hasta ese momento casi desconocido gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, se enfrentó en elecciones a Carlos Menem, es decir, se enfrentaron el nuevo modelo de país y el que agonizaba.
Kirchner llegó al gobierno con apenas el 22 por ciento de los votos y tras la renuncia de Menem a participar en la segunda vuelta electoral, asumió la presidencia el 25 de mayo de 2003.
Durante su gestión, y las de Cristina Fernández de Kirchner, se comenzaron a completar las tareas de la democracia inconclusa basándose en dos premisas: inclusión social y recuperación de la lucha por los derechos humanos.
Así, se derogaron las leyes de obediencia debida y punto final y los indultos y se abrieron los juicios a cientos de represores.
Al Estado volvieron los fondos de las jubilaciones que habían sido utilizados para la especulación financiera por las AFJP; se creó la ley de medios, resistida hasta hoy por los gupos mediáticos; se crearon 5 millones de puestos de trabajo; se aprobó además el matrimonio igualitario y el derecho de género y se nacionalizaron YPF y Aerolíneas Argentinas.
Más de un millón de personas que no habían podido jubilarse por no contar con los años necesarios de aportes debido a la desocupación se incorporaron al sistema y los haberes de los jubilados comenzaron a aumentarse dos veces por año.
El kirchnerismo desmontó el modelo neoliberal, le dijo no al Alca en la Cumbre de las Américas junto a otros presidentes latinoamericanos; canceló la deuda del país con el FMI y negoció un canje con el resto de los acreedores con una quita sustancial.
En este marco, las paritarias se reflotaron pudiendo los sectores sindicales discutir el alza de salarios con los empresarios. Además, se estableció la Asignación Universal por Hijo para las familias que aún no pudieron incorporarse al aparato productivo. En este camino, el gobierno sentó las bases de un proceso de reindustrialización reparando la devastación sufrida en los años `90.
Los grupos económicos concentrados alimentaron una oposición fogoneada por los grandes medios que tuvo una de sus máximas expresiones en 2008, cuando las patronales agrarias se movilizaron contra la resolución 125 e impulsaron, a veces de manera explícita, la destitución del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
No obstante, aunque el gobierno perdió las elecciones legislativas de 2009, recuperó la mayoría en el Congreso en 2011, tras las elecciones presidenciales en las que Cristina Fernández de Kirchner obtuvo su reelección con más del 54 por ciento de los votos.
Los últimos comicios legislativos celebrados el pasado 27 de octubre ratificaron al Frente para la Victoria como primera fuerza nacional, pese a la derrota sufrida en varios distritos, manteniendo la mayoría en las dos cámaras del Congreso.
“Con la democracia se cura, se come y se educa”, había dicho Alfonsín. Esas parecen ser la tareas de la democracia que han comenzado a cumplirse para que ésta ya no sea inconclusa.
