Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Pedro David firmaron este martes la sentenciade la Cámara Federal de Casación Penal que hizo lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por la Defensa Pública Oficial y la Procuración Penitenciaria de la Nación, mediante el cual un grupo de presos peticionó la equiparación de sus derechos laborales a las condiciones de trabajo libre.
El fallo favorece específicamente a los reclusos alojados en los pabellones A, B, C y D de la Unidad Residencial V del Complejo penitenciario federal I de Ezeiza que realizaron la presentación judicial, pero abre las puertas a que se produzca una avalancha de reclamos similares.
La decisión motivó una catarata de críticas desde distintos actores sociales, que no sólo rechazaron el beneficio que se les reconoció, sino que además apuntaron el contexto en el que se realiza marcado, por ejemplo, por la disputa salarial y los reclamos gremiales.
El juez Slokar, en el voto principal, advirtió que «no puede ser ajeno a la cuestión laboral carcelaria» que «enfrentar las inseguridades es combatir a la par la inseguridad civil y la inseguridad social». También afirmó que «en gran medida, sólo se podrá neutralizar el aumento de la inseguridad social si se le da, o no, seguridad al trabajo».
En la práctica, los empleadores que contraten reos deberán pagarle vacaciones y aguinaldo, al igual que lo cobra cualquier otro empleado en relación de dependencia.
El especialista en Derechos Humanos y Políticas Penitenciarias, Leandro Halperín, indicó que «el fallo refleja lo que la ley indica que hay que hacer. El privado de la libertad tiene que tener el salario que le corresponde», indicó.
«La ley no distingue entre trabajo y trabajo para presos. No hay dos regímenes laborales y el Estado y los privados se aprovechan de las condiciones de prisión para pagar menos», agregó el letrado.
De hecho, a contramano de lo que se cree, la mayoría de los presos que trabaja, lo hace para privados y no para el sector público. En total, de los diez mil presos que hay en cárceles federales “dos mil tiene un trabajo estable que alcanza las 40 horas semanales por el que cobran 4400 pesos. Pero, además, hay otros seis mil detenidos que hacen alguna actividad”, detalló Halperín.
Al respecto, un miembro de la Cooperativa De Trabajo Kbrones, Julio César, en la que trabajan presos y expresos, explicó que «todos tenemos derecho a trabajar, cobrar y ser educados. Es cierto que los compañeros robaron afuera, pero lo están pagando con años de cárcel”, dijo el entrevistado, que estuvo detenido 5 años por robar.
