La fiscalía en el juicio pidió la pena para el expresidente y su jefe de la SIDE, Fernando De Santibáñez, por el delito de “cohecho activo” en el pago de sobornos a exsenadores peronistas a cambio de votar la Ley de Flexibilización Laboral en abril del 2000.
Idéntica pena pidió para los ex senadores justicialistas Augusto Alasino, Remo Costanzo, Alberto Branda y Alberto Tell, por los delitos de “cohecho pasivo”, consistente en el cobro de las coimas y la condena a un año y medio de prisión en suspenso para el arrepentido Mario Pontaquarto, cuyo relato la fiscalía consideró de “valor probatorio pleno”.
Al cabo de una semana de alegato, la fiscal Sabrina Namer consideró acreditado el pago de los sobornos pero declinó formular acusación penal contra el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y pidió su sobreseimiento por no considerar probada su participación en la maniobra.
Como Pontaquarto ya fue condenado el año pasado a dos años y medio de prisión en una causa por no devolver viáticos del Senado cuando se desempeñaba como secretario administrativo, la fiscalía pidió la unificación de la pena del arrepentido en 3 años de prisión en suspenso.
La fiscalía calificó el delito cometido por el ex presidente como “cohecho activo agravado” por su condición de jefe del Estado a raíz de la “afectación de la confianza pública” en el funcionamiento tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo.
La pena pedida por la fiscalía para De la Rúa y Santibañes es coincidente con la que pidió semanas atrás la querella, ejercida en este caso por la Oficina Anticorrupción.
En su último día de alegato antes de dar paso a las postura de las defensas, la fiscal consideró plenamente probada la maniobra concretada cuando Pontaquarto entregó en el domicilio del también ex senador del PJ Emilio Cantarero una valija con 4,3 millones de pesos convertibles a dólares, que un día antes había retirado de las oficinas de Santibañes en la SIDE.
“Es imposible que ese dinero haya salido de la SIDE sin el conocimiento y autorización del presidente De la Rúa, a menos que se piense que estaba incapacitado para ejercer su función, algo que en este juicio ha quedado probado que no era así”, alegó la fiscal.
Cantarero quedó fuera del juicio por su deterioro psicofísico, en tanto que el entonces jefe de los senadores radicales, José Genoud, jefe de Pontaquarto y negociador de la maniobra ante Alasino, se suicidó a poco de ser imputado por haber cobrado además una parte de ese dinero.
La fiscalía evaluó que el relato autoincriminante de Pontaquarto, en el año 2005, fue un “testimonio veraz con valor probatorio pleno” ya que aportó detalles sobre las circunstancias en que se desarrolló la maniobra.
Citó en ese sentido las precisiones sobre la reunión en la Casa Rosada entre De la Rúa, Genoud y Santibañes, “que de ninguna manera podría haber sido conocidos por alguien que no hubiera estado allí”
“De la Rúa prometió a Alasino y Tell entregar dinero y ordenó al jefe Side que articulara el pago”, aseveró la acusadora, quien en cambio consideró no probada la participación del ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y más aún: sostuvo que ni siquiera conocía la negociación entre Genoud y Alasino.
Según Namer, la posterior designación de Flamarique como secretario general de la presidencia más que un pago por su participación en los sobornos fue un gesto político de De La Rúa para forzar la salida del gobierno del vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez, a cuya fuerza -el Frepaso- pertenecía el ministro.
En vez de acallarlas, Alvarez se hizo eco de la denuncia sobre las coimas que hizo el también senador peronista Antonio Cafiero, potenciando de esta manera la magnitud política del affaire, dijo la fiscal.
