La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) advirtió ayer sobre la posibilidad de que las escuelas provinciales no inicien las clases el 5 de marzo próximo y aseguró que eso «depende» de la disposición del gobierno de Daniel Scioli frente a los reclamos salariales del sector.
Convencida de que las negociaciones paritarias entre las autoridades y los sindicatos docentes «van a ser complejas», la titular de la FEB, Mirta Petrocini, reiteró que los maestros pretenden que el acuerdo que alcancen contenga una cláusula para permitir volver a discutir sueldos en caso de que se eleve el índice inflacionario.
En declaraciones a radio Provincia, la dirigente advirtió que «si las condiciones no están dadas, no comienzan las clases porque con este salario no podemos vivir».
La sindicalista sostuvo que «depende del gobierno (bonaerense) que las clases comiencen el 5 de marzo» y ratificó que «no estamos dispuestos a aceptar el porcentaje de entre el 23 y el 25 por ciento que circula; este incremento es rechazable».
Petrocini aclaró que los gremios «no queremos ser generadores de expectativas inflacionarias» y subrayó: «Nosotros no somos los responsables de esta situación».
Más adelante, consideró «necesario incorporar en el acuerdo al que podríamos arribar una cláusula que permita volver a discutir salarios en caso de que la inflación se agudice; así como hay una cláusula para revisar los ‘Precios Cuidados’, queremos lo mismo para los salarios».
Reiteró que la discusión paritaria en la provincia de Buenos Aires va a ser «compleja» y dijo que, en las actuales circunstancias, no vislumbra que «el camino esté allanado».
Finalmente, ratificó que el Frente Gremial Docente que integran cinco organizaciones sindicales «rechazaríamos cualquier tipo de imposiciones como la definición del aumento por decreto como ocurrió el año pasado».
Esta semana, la presidenta Cristina Fernández confirmó ante una delegación de dirigentes de la CGT oficialista encabezados por su titular, Antonio Caló, que las paritarias serán por término de un año.
La aspiración de la Casa Rosada choca con los intereses de los docentes que esperan que cualquier entendimiento salarial incluya una cláusula que les garantice reabrir las negociaciones en el caso de que la inflación se desbordara.
