El juez Francisco Terrier, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo número 3 de La Plata, ordenó a seis sindicatos docentes «el cese inmediato de la huelga» que mantienen desde hace más de 13 días e impide el inicio del ciclo lectivo y afecta a 3,5 millones de chicos. En concreto, solicitó que «ajusten el ejercicio constitucional del derecho, evitando adoptar medidas que vulneren o restrinjan el derecho a la educación, sobretodo el de niños, niñas y adolescentes, con la consecuente incidencia en las familias y la comunidad».
La sentencia, que busca «garantizar el acceso a la educación de todos los alumnos que concurren a establecimientos educativos dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires», fue una respuesta al amparo que había presentado ayer la Defensoría del Pueblo bonaerense, a cargo de Carlos Bonicatto.
Ahora resta esperar la reacción de los docentes, que aún no dieron señales de querer acatar la sentencia. Y el único antecedente no es alentador: ya rechazaron la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo provincial para frenar el paro y retomar las negociaciones.
La Federación de Educadores de Buenos Aires (FEB) resolvió hoy, antes de conocerse el fallo, continuar con el paro en un plenario. «Los docentes están convencidos de seguir adelante con el reclamo pese a las advertencias, las amenazas y los intentos intimidatorios», analizó la titular del gremio, Mirta Petrocini.
En sintonía, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, advirtió que para que los maestros vuelvan a las aulas, «el gobierno tendría que convocarlos y hacer una propuesta superadora».
El defensor Bonicatto celebró el fallo y aseguró que obliga a los maestros a volver el martes a las aulas.
El funcionario admitió que los gremios pueden apelar este amparo, pero aseguró que «esto no impide que se mantenga la vigencia de este decisorio». Y estimó poco probable «que los sindicatos justamente en el área de la Educación puedan desobedecer un mandato judicial».
En su pronunciamiento, el juez Terrier también ordenó al gobierno de Daniel Scioli que mantenga abierta la negociación salarial. La paritaria había sido cerrada de manera unilateral el jueves cuando, tras el fracaso de la audiencia que convocó el defensor Bonicatto, la Provincia decretó un aumento que para algunos casos llegó al 30,9%.
El Ejecutivo bonaerense confiaba en que una eventual resolución judicial a favor de las clases lleve a los gremios a deponer la huelga, que en los últimos días se tensó con acusaciones cruzadas y hasta una agresión a un equipo de colaboradores de Scioli, entre ellas la ministra de Economía Silvina Batakis, que recibió un ladrillazo.
