Un total de 11.384 ciudadanos bonaerenses resultaron seleccionados para integrar juicios por jurado, de los cuales 10.890 corresponden al DNI terminado en el número 983, y 494 personas al DNI que finaliza en 461.
«Es un hecho histórico para la democracia, la responsabilidad de los jurados será máxima», señaló el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, quien junto al ministro de Justicia, Ricardo Casal, participó de la ceremonia realizada en el salón de sorteos del Instituto Provincial de Lotería y Casinos.
Según se informó, el grupo seleccionado se distribuirá entre los 18 departamentos judiciales, que se encargarán de depurar la lista apartando a los inhabilitados y conformar el padrón final que será remitido a la Suprema Corte de Justicia.
Los requisitos para poder participar del jurado especifica que los sorteados deberán ser argentinos nacidos o naturalizados con no menos de cinco años de ciudadanía, que tengan entre 21 y 75 años, entiendan «plenamente» el idioma nacional, estén «en pleno ejercicio de los derechos ciudadanos» y gocen de aptitud física y psíquica suficientes para el desempeño del cargo.
Y no podrán serlo aquellos que desempeñen cargos públicos por elección popular o con rango equivalente o superior a Director, en el Estado Nacional, Provincial o Municipal, o en entes públicos autárquicos o descentralizados, ni los representantes de órganos legislativos de los tres estamentos.
Tampoco podrán los funcionarios o empleados del Poder Judicial Nacional o Provincial, integrantes en servicio activo o retirados de las fuerzas de seguridad, del Servicio Penitenciario, los directivos de agencias de seguridad privada y quienes hubiesen sido cesanteados o exonerados de la administración pública nacional, provincial o municipal o de las fuerzas de seguridad.
Los tribunales estarán integrados por un juez, doce ciudadanos jurados titulares y seis suplentes, y actuan únicamente en casos de delitos graves, cuya pena sea mayor a los 15 años de prisión.
Participar del proceso será obligatorio por tratarse de una «carga cívica» y los civiles recibirán una remuneración, mientras que los imputados tendrán derecho a renunciar a la aplicación del juicio por jurado de civiles.
El cuerpo será presidido por el juez, quien suministrará las instrucciones para que los jurados deliberen, y luego los integrantes deberán reflexionar en sesión secreta por un plazo máximo de dos días, prorrogable por igual período, para determinar la culpabilidad o inocencia del acusado. En caso de no existir acuerdo entre los integrantes del jurado la votación se repetirá en tres oportunidades y de seguir así se planteará la no culpabilidad o se declarará estancado el debate, para lo cual hará falta conformar un nuevo tribunal.
Sobre la remuneración, la reglamentación de la ley señala que cuando se trate de empleados públicos o privados será «mediante declaratoria en comisión con goce de haberes, de carácter obligatorio para el empleador». En tanto, los trabajadores independientes o desempleados «podrán ser retribuidos a su pedido, con la suma de dos jus diarios (542 pesos)».
Si bien no hay fecha prevista para el primer juicio por jurado en la provincia, Casal anticipó que tal vez el primer proceso será contra el disc jockey platense Guillermo Martínez Poch, acusado de abuso sexual y amenazas a su expareja.
