Luego que el juez ordenara el procesamiento de 29 jefes comunales de la provincia de Buenos Aires, incluida la ex Intendente de Lobería Diana Argüello, y otros 63 del resto del país, desde el peronismo provincial aseguraron que se trata de «una estrategia electoral».
A través de un comunicado, desde el Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires repudiaron la «extorsión a intendentes peronistas» y consideraron que la decisión del juez Claudio Bonadío de procesar a 92 jefes Comunales es «parte de una presunta estrategia electoral de Cambiemos».
Los integrantes del partido elaboraron un escrito para «repudiar» el procesamiento de 92 intendentes y ex intendentes por orden de Bonadío como partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administración pública, a través de un programa de tratamiento de residuos urbanos. Entre ellos hay 29, de la provincia de Buenos Aires. El último bonaerense en declarar será Francisco “El Barba” Gutiérrez, ex intendente de Quilmes.
En ese sentido «los dirigentes y militantes del PJ de la Provincia de Buenos Aires repudiamos las versiones de extorsión a intendentes peronistas como parte de una presunta estrategia electoral de Cambiemos», expresaron.
A continuación desde el espacio que preside el jefe Comunal de Esteban Echeverría, Fernando Gray, explicaron que «los ‘carpetazos’ y falsas denuncias públicas que carecen de sustento jurídico son un mecanismo que atenta contra la democracia y que está muy lejos de la premisa que prometió el propio Gobierno: consolidar una Justicia libre e independiente».
En el escrito el PJ consideró que se trata de una estrategia del consultor político, Jaime Duran Barba, quien apeló a esta herramienta al ver que «a Cambiemos no le dan los números». En ese sentido exigieron una «autocrítica» del espacio oficialista y le pidieron que no vuelvan a «engañar» al electorado «como ya hizo en 2015 y 2017».
Desde el PJ remarcaron que «el rechazo hacia el Gobierno no es por otra cosa que por su propia incapacidad» y luego enumeraron: «más de 210 mil despidos en 11 meses, la pérdida del salario real más alta desde 2002 y una inflación acumulada del 145%». En esa línea destacaron que «lo esperable sería que concentren toda su energía en buscar herramientas para paliar y resolver el desastre social y económico al que están condenando a las argentinas y los argentinos».
