El fiscal Alberto Nisman denunció ante la Justicia a la presidenta Cristina Kirchner y al canciller Héctor Timerman de encubrir a los iraníes acusados de haber sido los autores ideológicos del atentado contra la sede de la AMIA en julio de 1994. Es una medida sin precedentes y producto directo del memorándum de entendimiento firmado por Cristina con Irán, que fue declarado inconstitucional por la sala I de la Cámara Federal. Se trata del más grave atentado de la historia argentina que dejó 85 muertos.
En una dura denuncia de casi 300 páginas, Nisman, acusó y pidió la declaración indagatoria y un embargo preventivo de bienes por la suma de doscientos millones de pesos de la Presidente de la Nación, Cristina Kirchner, de su Canciller Héctor Timerman, del diputado Andrés Larroque, de personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, de los dirigentes Luis D’Elíay Fernando Esteche, del ex fiscal federal y ex juez de instrucción Héctor Yrimia, y del referente comunitario iraní, Jorge “Yussuf” Khalil, por ser autores y cómplices del encubrimiento agravado de los acusados iraníes por el atentado terrorista contra la AMIA, hecho ocurrido el 18 de julio de 1994 y calificado judicialmente como crimen de lesa humanidad y genocidio. La acusación abarca otros delitos conexos, como estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Nisman sostiene que el plan dirigido a borrar a Irán del caso AMIA, desincriminando a los ex funcionarios iraníes acusados, tuvo su origen en la previa decisión de la Presidenta de “acercarse geopolíticamente a la República Islámica de Irán y restablecer relaciones comerciales plenas de estado a estado para aliviar la severa crisis energética argentina, mediante un intercambio de ‘petróleo por granos’”.
“Este acercamiento, que en sí mismo nada tiene de ilegal y está fuera de cuestionamiento, fue considerado inviable mientras subsistiera la acusación efectuada por la justicia argentina en la causa AMIA contra los ex jerarcas del régimen iraní. Entonces, para despejar el obstáculo, y he aquí lo delictivo, la Sra. Presidente ordenó desviar la investigación, abandonó años de un legítimo reclamo de justicia y buscó librar de toda sospecha a los imputados iraníes, contradiciendo su probada vinculación con el atentado. Decidió fabricar ‘la inocencia de Irán’”, agregó Nisman.
Las pruebas colectadas permitieron afirmar que “el gobierno puso en marcha un canal de comunicación paralelo entre Argentina e Irán a fin de transmitir e instrumentar las órdenes emitidas por la Presidente y, de ese modo, alcanzar los objetivos ilícitos. Este canal clandestino, que operó como una diplomacia paralela, estuvo integrado por funcionarios, ex funcionarios y otros sujetos, que ninguna vinculación guardaban con la función diplomática, pero que estaban estrechamente ligados al centro del poder de donde emanan las decisiones más trascendentales de la política argentina”.
“La calidad delictiva del encubrimiento necesitó contar con estos canales paralelos, no oficiales, como vías concretas, eficientes y confiables para avanzar con la impunidad de los acusados iraníes. La actividad de estos canales configuró, sin más, una diplomacia paralela de facto, que desde las sombras permitió llevar adelante el plan criminal, por expresas directivas y órdenes de la Sra. Presidente”, señala el fiscal.
Denuncia que “el gobierno instaló y se valió de una diplomacia para-estatal”, integrada -cuanto menos- por personal de la Secretaría de Inteligencia, por el Diputado Nacional Andrés Larroque, por los dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche y por el referente comunitario y nexo local del régimen iraní, Jorge “Yussuf” Khalil.
Estos canales para-estatales transmitieron continuamente mensajes que partían de Cristina Fernández, pasaban por Larroque y/o por personal de la Secretaría de Inteligencia, luego por D´Elía, para llegar inmediatamente a Khalil, y de allí eran enviados a las autoridades persas, tanto al Encargado de Negocios en Buenos Aires como a altos funcionarios de Teherán. Y cada paso del plan, cada mensaje presidencial y cada avance, fue consultado y comunicado detallada y minuciosamente al prófugo Mohsen Rabbani, ex Agregado Cultural de la Embajada de Irán en Argentina para la época del atentado y cuyo poder decisorio, tanto en la comunidad iraní local como dentro del régimen, se ha mantenido incólume hasta la fecha. “Es decir, más allá de los intermediarios puestos por ambos estados, los encargados que idearon y llevaron adelante este plan criminal, terminaron acordando sus ilícitos objetivos no solo con el estado que protege al terrorismo sino con el principal acusado terrorista, Moshen Rabbani”.
