El gobierno sostuvo que no permitirá que «nadie se apropie del excedente de la cadena de valor», ante el incremento registrado en la cotización del dólar y advirtió sobre la posibilidad de aplicar multas y clausuras a los que no cumplan con los acuerdos de precios e incrementen de manera injustificada los valores de los productos.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, señaló que, ante eventuales incumplimientos del plan de Precios Cuidados, «las herramientas que tiene el Gobierno son múltiples, y aparte de las multas, incluyen un extremo que puede llevar a la clausura».
Al entendimiento cerrado en productos alimenticios, de higiene y perfumería puesto en marcha a principios de enero, el Ministerio de Economía trabajará en la primera mitad de febrero para lograr acuerdos en todos los sectores de insumos difundidos, como el acero, y para impulsar la sustitución de importaciones y la reducción del trabajo informal.
Capitanich señaló que el Gobierno «va a ejercer activamente» los múltiples instrumentos de política económica que tiene a su alcance, para velar que las empresas cumplan los acuerdos.
Al respecto recordó que existen beneficios dispuestos por el Estado a favor de las empresas, como «préstamos con tasas de interés convenientes para fomentar la inversión, generar empleo y garantizar la dinámica productiva, con la obligatoriedad de mantener precios internos razonables».
También mencionó los beneficios que poseen algunas industrias sobre el precio de la energía eléctrica y el gas, lo que les permite gozar de tarifas «sustancialmente inferiores» respecto al valor de mercado.
«Las herramientas que tiene el Gobierno son múltiples, y aparte de las multas correspondientes, incluyen un extremo que puede llevar a la clausura», advirtió.
Asimismo, señaló que se analizaron los costos de la cadena de valor del sector de la construcción con empresarios y gremialistas, con el fin de mantener la actividad y el empleo en la actividad, que pasó de poco más de 50 mil a 400 mil en el último decenio.
«Los constructores y trabajadores nos tienen que ayudar para que rinda la plata del Estado, que en 2014 va a destinar 138 mil millones de pesos a obras de infraestructura», afirmó Capitanich.
«Queremos que cuando alguna persona que recibió un crédito hipotecario o se financia a través del programa de vivienda PROCREAR tenga el precio justo, no el abuso», advirtió.
Al respecto, el director Ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio denunció hoy la existencia de ataques especulativos en los precios de la construcción contra las familias que obtuvieron crédito PROCREAR.
«Es necesario que el empresariado argentino y, sobre todo, los corralones y los comercios de la construcción no se comporten irracionalmente aumentando los precios de sus productos», consideró el funcionario.
Y explicó que «no existen razones para un incremento de los costos, ya que no los ha habido en los insumos, en el combustible, en la logística, ni en aumentos salariales. No se trata de un capricho, sino de un dato de la realidad económica», sostuvo Bossio.
Por otro lado, Capitanich adelantó que se reunirá -junto al ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Comercio, Augusto Costa- con los 38 complejos exportadores con el objetivo de resolver «el gran problema de todos los productores, que es establecer un precio justo y que el bien que produzca llegue al consumidor a las góndolas de los supermercados con los valores correspondientes a precios competitivos».
Las principales cadenas de ventas de electrodomésticos aseguraron hoy que actuarán de manera «responsable» en cuanto a los precios de sus productos, y afirmaron que cuentan con la misma disponibilidad que tenían la semana pasada.
También rechazaron que se hayan suspendido las ventas en cuotas, y destacaron la continuidad de la financiación con tarjetas de crédito.
