Lo hicieron mediante el siguiente comunicado:

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) denuncia el cierre de 725 bocas de expendio en todo el país, decisión adoptada de manera unilateral e ilegal por la intervención de OSPRERA a cargo de Marcelo Petroni. Esta medida deja desamparados a miles de trabajadores rurales que hasta ahora contaban con una atención personalizada y cercana.

Entre las bocas cerradas se encuentra la oficina ubicada en Lobería, donde funciona la Seccional 137 de UATRE. El Secretario General de la Seccional, Jonathan D’Annunzio, manifestó:

“Esta medida es un ataque directo a los derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales. Nos quieren quitar la posibilidad de realizar trámites presenciales, queriendo imponer un sistema virtual que no responde a la realidad del campo, donde muchas veces no hay señal de telefonía ni de internet.»

Desde UATRE Nacional se advirtió que el cierre de las bocas de expendio es contrario a la Constitución Nacional y al régimen de Obras Sociales Sindicales. Las bocas, históricamente, eran el principal canal de gestión de órdenes médicas, consultas y reclamos por prestaciones de salud, funcionando con recursos propios del sindicato para garantizar una atención humana y personalizada.

El Secretario General de UATRE, José Antonio Voytenco, expresó:

“Con esta medida infundada e ilegal, en la práctica se excluye a nuestros beneficiarios de la obra social, dejándolos desamparados y sin atención, sabiendo la falta de conectividad que existe en el campo.”

Desde la Seccional 137 se informa que, mientras se espera la resolución judicial, se continuará brindando acompañamiento y asesoramiento a los beneficiarios en el uso de la APP de OSPRERA, para que puedan realizar sus trámites, aunque ratificamos que seguiremos luchando institucionalmente para restituir la atención presencial.

UATRE reafirma su compromiso de seguir defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales. Desde Lobería, como desde cada rincón del país, no vamos a permitir que se sigan vulnerando derechos básicos como el acceso a la salud.