El Tribunal Penal Colegiado Nº 2 de Mendoza, integrado por los jueces Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli, leyó el veredicto para los curas Nicola Bruno Corradi y Horacio Hugo Corbacho Blanc y el jardinero Armando Ramón Gómez, acusados de abusar y corromper a once chicos sordos en el Instituto Antonio Próvolo, un total de 28 hechos que ocurrieron entre 2005 y 2016, más de once años de ataques y torturas sexuales. Sus víctimas, tanto varones como mujeres, tenían entre 7 y 17 años de edad.
Corradi, el principal de los acusados en jerarquía dentro del Próvolo, que se moviliza en silla de ruedas, recibió 42 años de cárcel por hechos en grado de autoría y coautoría o partícipe necesario, con figuras como la promoción de la corrupción de menores.
Corbacho recibió otros 45 años por hechos que incluyeron imputaciones como abuso simple y con acceso carnal agravados por ser el encargado de la guarda de sus víctimas y ser ministro de culto, además de aprovechar la convivencia, la misma figura que le fue aplicada a Corradi.
Corbacho fue absuelto en varias acusaciones por figuras como el beneficio de la duda. Lo habían imputado originalmente por 16 hechos en total. Corradi también fue absuelto de otras acusaciones por falta de acusación fiscal.
El jardinero Gómez, que es sordo, y para quien el fiscal Alejandro Iturbide tuvo en cuenta atenuantes como que se trata de una persona analfabeta, de poca instrucción y claramente influenciable, recibió una pena de 18 años. Iturbide había pedido montos de hasta 45 años de prisión en su extenso alegato que duró dos jornadas.
La lectura del veredicto, al ser un caso con delitos de instancia privada, fue realizada a puertas cerradas aunque el Servicio de Información Judicial de Mendoza lo transmitió por Youtube. El Tribunal mantuvo en reserva los nombres de las víctimas al relatar cada uno de los hechos.
Los tres acusados se negaron a declarar ante el ofrecimiento de dar sus últimas palabras tras ingresar a la sala de audiencias.
Tras la lectura del fallo, los familiares de las víctimas posaron en las escalinatas del tribunal. Desplegaron sus pañuelos naranjas que decían: “Iglesia y Estado, asuntos separados”.
