En el marco de una causa por los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre, el juez federal Santiago Inchausti –junto a la Fiscalía Federal N°2- allanó una quinta de la ruta 88 y rescató a 92 personas que trabajaban en el lugar en “condiciones precarias”. El operativo concluyó con la detención de cinco personas.
En el predio, ubicado en cercanías de Mar del Plata, se desarrollaba un emprendimiento productivo que tenía por boca de comercialización al Mercado de Abasto Central. En el lugar, según se explicó en un comunicado, se constataron condiciones laborales y habitacionales precarias y se certificó que los trabajadores carecían de mínimas medidas de seguridad.
A pedido del Ministerio Público Fiscal, se dio intervención al Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) y se solicitó al juez “generar una opción de reinserción real y concreta en la actividad laboral en el mismo campo donde eran explotados –dado que la producción está pronta a la etapa de cosecha- una vez arribados a los estándares válidos y legales en lo laboral, inexistentes a la fecha”.
Del allanamiento también participaron responsables del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia de la Nación.
Según el dictamen, el fiscal Pablo Larriera pidió al juez que “arbitre las medidas necesarias a fin de jerarquizar a los trabajadores agrarios, a través de una mejora progresiva y sostenible de la relación de explotación existente” y también requirió la “registración formal (de los trabajadores) ante los organismos fiscales del Estado y su transformación en una relación laboral conforme los parámetros establecidos en las leyes que rigen la materia”.
En segundo orden, y atento a que la producción del campo está pronta a la cosecha, Larriera solicitó que se “fiscalice activamente el cumplimiento de la normativa laboral, garantizando la regularización de los trabajadores/víctimas habidas en el procedimiento como así también en lo relativo a las condiciones de habitabilidad del lugar, a fin de que los mismos procedan a llevar a cabo la cosecha de las plantaciones del predio allanado cuyas ganancias sean destinadas a dichos trabajadores”.
Por último, con la intención de “lograr el abordaje integral de los damnificados hallados en el procedimiento”, y de esta manera dar efectivo cumplimiento a los derechos y garantías indicados en las leyes 26.364 y 26.842, pidió la “intervención el área especializada de la Dirección de Orientación y Acompañamiento a las víctimas (DOVIC) de la Procuración General de la Nación”.
